¿Necesitas un abogado penalista especialista en familia?

abogados derecho penal en madridEl Derecho Penal es la rama del Derecho que establece los hechos constitutivos de delito y regula el castigo que llevan asociados estas conductas delictivas.

Dentro del Derecho Penal podemos diferenciar una vertiente que aborda aquellos delitos relacionados con el ámbito familiar.

En Vestalia Asociados, en aras de proteger la familia desde todos los ámbitos, tenemos abogados penalistas especialistas en familia, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento integral y defensa de sus intereses en cualquiera de las ramas del Derecho.

 

Impago de pensión de alimentos

Foto de alimentos relacionada con impago de pension de alimentosEl delito de impago de la pensión de alimentos viene establecido en el art. 227.1 CP, y establece que aquel progenitor que no pague durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos la pensión de alimentos a su/s hijo/s que por resolución judicial viene obligado.
Ante el impago de la pensión de alimentos, se puede optar por iniciar un procedimiento en la vía penal, pero también en la vía civil. El procedimiento penal, al ser mucho más gravoso, sólo está reservado para aquellos supuestos en los que el impago de la pensión supone un delito de abandono de familia. Deben darse cuatro requisitos fundamentales:

  1. La existencia de una resolución judicial firme que contenga la obligación del abono de una pensión de alimentos de uno de los progenitores.
  2. La existencia de una conducta omisiva, es decir, que incumpla el abono de la pensión.
  3. El incumplimiento debe darse durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.
  4. La omisión dolosa del pago, esto es, el conocimiento por parte del obligado al pago de su obligación y la voluntariedad de no hacer frente al pago de la pensión. Este elemento subjetivo de no querer pagar a pesar de poder hacerlo es el que permite iniciar un procedimiento por la vía penal.

Violencia Doméstica

La violencia doméstica es la que se produce en el ámbito familiar, dentro de convivencia habitual de un hogar. La puede ejercer y sufrir cualquier miembro del núcleo familiar (padres, abuelos, hijos y/o hermanos).

Este delito viene recogido en el art. 173.2 CP y está castigado “con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años” y, en su caso, “la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años”.

Es importante resaltar que la violencia doméstica no es lo mismo que violencia de género.

La violencia doméstica se manifiesta en diferentes delitos, como:

  • Delito de lesiones leves o maltrato de obra del artículo 153.1 Código Penal
  • Delito de lesiones del artículo 147.1 Código Penal (en virtud de lo previsto en el art. 148.4)
  • Delito de amenazas leves del artículo 171.4 Código Penal.
  • Delito de coacciones leves del artículo 172.2 Código Penal.
  • Delitos contra la libertad sexual.

El requisito fundamental es que el delito se cometa dentro del núcleo de convivencia familiar o sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

Violencia de Género

Los delitos de violencia de género se configuran en el Código Penal dentro de los delitos contra la integridad personal, y se define como

“toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Por lo tanto, dentro de la violencia de género se recogen todos aquellos actos de violencia física o psicológica, ejercida por un hombre sobre una mujer, siempre que haya mediado una relación sentimental entre ellos. Los delitos que se encuadran dentro de la violencia de género son:

  • Delito de lesiones leves o maltrato de obra del artículo 153.1 Código Penal
  • Delito de lesiones del artículo 147.1 Código Penal (en virtud de lo previsto en el art. 148.4)
  • Delito de amenazas leves del artículo 171.4 Código Penal.
  • Delito de coacciones leves del artículo 172.2 Código Penal.
  • Delito de privación arbitraria de la libertad.
  • Delitos contra la libertad sexual: abuso sexual, agresión sexual, violación, etc.
  • Delitos contra la imagen.
  • Delito de homicidio o asesinato.

De esta manera, los requisitos para que estemos ante un delito de violencia de género son:

  1. Comportamiento violento, físico o psicológico.
  2. El agresor es un hombre y la víctima una mujer que estuviere o hubiere estado ligada a él por una relación de pareja.

Sustracción de Menores

Sustracción de menoresLa sustracción de menores es, por desgracia, un delito cada vez más frecuente en sus dos vertientes: sustracción nacional de menores (dentro de España), o sustracción internacional de menores (cuando los niños son trasladados a un tercer país). Toda sustracción de menores genera problemas sociales, psicológicos, y legales complejos que requieren de un abogado de familia experto en sustracciones de menores.

El delito de sustracción de menores se encuentra tipificado en el artículo 225 bis del Código Penal al disponer que:

“El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.”

Normalmente la sustracción de menores se produce tras las rupturas matrimoniales o de pareja, durante, o después, de un proceso contencioso de separación o divorcio.

El sujeto pasivo del delito lo constituyen los menores de 18 años sujetos a patria potestad. Se excluye como sujeto pasivo el menor emancipado, conforme a lo previsto en los arts. 314 y 317 y s.s. del Código Civil, ya que la emancipación supone la extinción de la patria potestad, según prevé el artículo 169 del mismo cuerpo legal.

Desobediencia a la autoridad

El delito de desobediencia a la autoridad se encuentra recogido en el artículo 556 del Código Penal y consiste en desatender de forma grave, consciente y sin empleo de violencia o intimidación, las órdenes emanadas de la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o de personal de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, nuestro Código Penal recoge otras conductas tipificadas como desobediencia a la autoridad:

  • Delito de desobediencia por parte de la autoridad o funcionarios público a la autoridad de los arts. 410 y 411 Código Penal.
  • Desobediencia en materia de seguridad vial (art. 383 Código Penal): este se da cuando una persona se niega a someterse a las pruebas de detección de alcohol.

Denuncias Falsas

El delito de denuncias falsas está recogido en el artículo 456 del Código Penal y castiga a quien, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, impute a otra persona la comisión de ciertos hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal.

Es decir, lo realmente determinante para que se cometa un delito de denuncia falsa es que el denunciante conozca la falsedad de la imputación.

Menores Infractores

La Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores de edad es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Dicha Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

La LORRPM establece una franja de edad, entre los 14 y los 18 años, en la cual se declaran responsables penalmente a los menores, pero se les aplica un régimen jurídico particular.

El art. 19 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayoría de edad penal en los dieciocho años y exige la regulación expresa de la Responsabilidad según la ley penal del menor de dicha edad en una Ley independiente.

La Ley penal del menor introduce el principio en cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores.

Acoso Escolar

El acoso escolar se define como una forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.

El delito de acoso se encuentra recogido en el art. 173.1, que castiga al que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, así como actos hostiles o humillantes reiterados que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

Asimismo, el art. 172. Ter CP establece como delito de acosos aquellas conductas que se realicen de forma insistente y reiterada por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete por ello a vigilancia, persecuciones u otros actos de hostigamiento.

El acoso escolar puede materializarse en los siguientes delitos:

  • Delito de lesiones (arts. 147 y ss CP)
  • Delito de amenazas (arts. 169 a 171 CP)
  • Delito de coacciones (art. 172 CP)
  • Delito de injurias (art. 205 y 207 CP)
  • Delito de calumnias (art. 208 y 210 CP)
  • Delitos contra la integridad sexual (arts. 178 y ss CP, art. 183 ter CP)
  • Delito de homicidio (art. 138 CP), homicidio imprudente (art. 142 CP) o, incluso asesinato (art. art. 138 CP).
  • Delito de inducción al suicidio (art. 143.1 CP).
  • Delito de descubrimiento y revelación de secretos (sexting).

Responsabilidad Penal en Centros Educativos

En el momento en que los padres dejan a sus hijos en el colegio, el centro escolar y los profesores se convierten en los responsables directos de los menores y deben garantizar integridad física, moral y de la dignidad de los menores.

Cuando en un centro escolar se produce una situación de acoso contra un alumno, el profesorado podrá ser penalmente responsable como autor de un delito por omisión cuando teniendo conocimiento de la situación de acoso no puso los medios que habrían evitado o dificultado el resultado lesivo, infringiendo así la obligación legal de actuar que le correspondía en función de su posición de garante del bien jurídico protegido.

La responsabilidad del Centro Educativo respecto de la obligación de guardia y custodia de sus alumnos dependerá del carácter público, privado o concertado del mismo, pudiéndose ejercitar tanto acciones civiles, penales y administrativas, en este pequeño estudio trataremos de deslindar y aclarar el ejercicio de las acciones que contra el Centro Educativo se pueden actuar por los daños sufridos por los alumnos, así como de terceros por su actuación.