Abogados de Infancia

Ante una situación de acoso escolar deba ponerse en marcha de forma obligatoria el protocolo de actuación oficial por el centro lectivo, protocolo que en ningún caso es confidencial para las familias implicadas.

Pero ello no obsta para que los padres, tutores o representantes legales del menor acosado interpongan una denuncia que originará la tramitación de un procedimiento penal paralelo al proceso sancionador que pueda llevar a cabo el centro escolar.

Si el menor acosador tiene menos de 14 años, no es imputable penalmente, según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que establece que en esos supuestos se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

De esta forma, únicamente a los menores que tuviesen entre 14 y 18 años en el momento de la comisión de los hechos, se les puede imponer alguna de las medidas previstas en la ley cuando el Juzgado de Menores dicta una sentencia condenatoria tras la tramitación del procedimiento y la celebración de la audiencia (el equivalente a la vista de juicio en el procedimiento penal de adultos).

Cuando existe esa sentencia condenatoria, el Juzgado de Menores podrá establecer una indemnización en concepto de responsabilidad civil a cargo de los padres del menor infractor y ello con independencia de si conviven o no. La ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece en su artículo 61.3 una responsabilidad solidaria de padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, si bien se permite la moderación de la responsabilidad cuando no se haya favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia.

El centro lectivo donde se haya producido el acoso es sujeto asimismo de responsabilidad civil solidaria, según entiende un sector mayoritario de la doctrina que considera que cuando el texto del artículo en cuestión hace mención a los “guardadores de hecho”, está incluyendo en ella a los centros escolares.

Sí, en España los centros escolares tienen la obligación de poner en marcha protocolos contra el acoso escolar. Esta obligación está establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), tras la nueva reforma implementada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), que establece que los centros educativos deben adoptar medidas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de acoso o ciberacoso escolar.

Además, se deben establecer los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad.

En algunas comunidades autónomas se han desarrollado normativas específicas que detallan los protocolos y medidas a seguir en caso de acoso escolar. Estos protocolos suelen incluir medidas para la prevención, la detección temprana, la intervención y el seguimiento de los casos de acoso escolar, así como la colaboración con las familias y otros profesionales para abordar adecuadamente esta problemática.

Si un centro escolar no implementa adecuadamente un protocolo contra el acoso escolar o carece de uno, hay varios pasos que se pueden tomar, pues el propio artículo 124.5 establece que, las directoras, directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes, así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos.

Por ello, en primer lugar, deberemos comunicarnos con la dirección del centro para expresar las preocupaciones sobre la falta de un protocolo contra el acoso escolar. Es posible que la dirección no esté al tanto del problema o esté dispuesta a abordarlo una vez que se le informe al respecto.

Si el centro escolar no responde adecuadamente a las preocupaciones planteadas, se puede consultar con las autoridades educativas pertinentes en la comunidad autónoma. Estas autoridades pueden proporcionar orientación adicional y, si es necesario, tomar medidas para garantizar que el centro cumpla con sus obligaciones legales.

En caso de que las acciones anteriores no sean efectivas, se puede buscar apoyo en organizaciones de defensa de los derechos de los estudiantes, como asociaciones de padres y madres, ONGs que trabajen en el ámbito de la infancia y la educación, o servicios de asesoramiento jurídico especializados en temas educativos.

En última instancia, si se considera que la falta de un protocolo contra el acoso escolar constituye un incumplimiento grave de las obligaciones del centro escolar, se puede considerar presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes, como la inspección educativa o el departamento de educación de la comunidad autónoma.

Es importante destacar que todos los niños tienen derecho a una educación segura y libre de acoso, y que existen recursos y mecanismos disponibles para garantizar que se cumplan estos derechos.

Para poder abordar que pasos debemos dar ante un caso de sexting en menores, en primer lugar, debemos comprende que se entiende por “sexting”.

Sexting es el envío voluntario de material de naturaleza sexual a través de las tecnologías, por lo que, este acto en sí no es un delito, las consecuencias legales se derivaran si la víctima no ha enviado el contenido de forma libre y voluntaria o, si posteriormente, la persona que recibe el material de contenido sexual lo publica o revela a otras personas.

En el caso de detectar que tu hijo está siendo víctima de un caso de sexting anteriormente descrito, lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con un abogado especialista en la materia para que analizando tu caso pueda orientarte acerca de qué prueba debes guardar antes de interponer una denuncia.

Así mismo, este primer asesoramiento es esencial, pues son distintos los delitos a los que podría dar lugar estas conductas; coacciones, amenazas o corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos…

No debemos olvidar que, la difusión de contenido íntimo y personal de otros, además de ser un ilícito penal en casos de sexting, pueden ser también una infracción de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Así pues, además de interponer la correspondiente denuncia penal, es recomendable notificarlo también ante la Agencia Española de Protección de datos.

La Fiscalía General del Estado ya ha establecido que la pornografía virtual es aquella que en la imagen es una creación artificial per realista, elaborada por ordenador u otro medio, por ejemplo, inteligencia artificial.

En este caso, es imprescindible actuar con rapidez y no borrar ninguna prueba. De hecho, es esencial guardar todas las pruebas posibles de los mensajes intercambiados a través de capturas de pantalla.

Una vez recabada toda la prueba nuestra recomendación, además de interponer la correspondiente denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, es emprender acciones para ejercer el derecho al olvido y solicitar la retirada inmediata de este contenido a través del canal prioritario de la Agencia Española de Protección de datos.