Somos abogados especialistas en violencia doméstica en Madrid

La documentación dependerá de las circunstancias de cada caso.

No obstante, es recomendable aportar toda la prueba disponible que permita acreditar los hechos, ya que será fundamental para la defensa de tus derechos y, en su caso, para la adopción de medidas de protección.

Entre la documentación más habitual se encuentra la denuncia, los partes de lesiones e informes médicos, mensajes, correos electrónicos, fotografías, grabaciones, informes psicológicos o de servicios sociales, así como cualquier otro documento o testigo que pueda acreditar lo sucedido. Cuantas más pruebas puedan reunirse desde el inicio, mayores serán las posibilidades de fundamentar adecuadamente el procedimiento.

Sí. Aunque lo habitual es que las medidas de protección se soliciten tras la presentación de una denuncia, en determinados casos pueden adoptarse cuando existan indicios suficientes de una situación objetiva de riesgo para la víctima.

Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando la policía interviene y remite un atestado al órgano judicial, existen partes médicos, informes de servicios públicos o cualquier otro elemento que permita acreditar la existencia de una situación de violencia doméstica y la necesidad de adoptar medidas de protección urgentes.

Sí. Podemos asumir tu defensa en cualquier fase del procedimiento mediante el correspondiente cambio de dirección letrada.

Antes de continuar con el asunto, analizaremos en detalle todo lo actuado hasta ese momento para valorar el estado del procedimiento, revisar la estrategia seguida y, si resulta conveniente, proponer nuevas pruebas, solicitar las medidas oportunas o interponer los recursos que procedan, siempre con el objetivo de ofrecerte la mejor defensa posible.

Las opciones legales dependerán de las circunstancias de cada caso.

Cuando existe una situación de violencia doméstica o de género, pueden solicitarse medidas penales, como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

Asimismo, pueden adoptarse medidas civiles, tanto dentro de una orden de protección como en un procedimiento de familia, entre ellas la atribución del uso de la vivienda familiar, cuando resulte necesaria para proteger a la víctima o a los hijos menores.

La titularidad de la vivienda no es el criterio determinante para acordar estas medidas. Lo que el juez valora es la necesidad de proteger a la víctima y, cuando existan hijos menores, su interés superior.

Por ello, aunque el familiar que deba abandonar la vivienda sea propietario, el juez puede acordar la atribución del uso de la vivienda a la víctima o al progenitor que quede al cuidado de los menores, si ello resulta necesario para garantizar su protección.

Se trata de una medida de carácter protector que puede adoptarse con independencia de quién sea el titular del inmueble.

No. La protección frente a la violencia doméstica no se limita a las relaciones de pareja. Probablemente aquí lo que hay es una confusión de términos entre violencia de género y violencia doméstica, dos figuras con ámbitos de aplicación diferentes.

La violencia de género es la ejercida por un hombre sobre quien sea o haya sido su pareja o expareja mujer, y cuenta con un régimen específico de protección.

En cambio, la violencia doméstica es la ejercida entre personas unidas por determinados vínculos familiares o de convivencia, como entre padres e hijos, hijos y padres, hermanos, ascendientes, descendientes u otros familiares o convivientes previstos por la ley.

En ambos supuestos pueden adoptarse medidas de protección, como órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación o la salida del agresor del domicilio, si concurren los requisitos legales para ello.