El deber de corrección de los padres: ¿hasta dónde pueden llegar legalmente?

La supresión del derecho de corrección de los padres en 2007

El CC de 1889 reconocía, en su artículo 154, la facultad de los padres de corregir y castigar moderadamente a sus hijos cuando así lo consideraran necesario.

Posteriormente, la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del CC, eliminó la referencia al castigo y mantuvo, en ese mismo precepto, la posibilidad de ejercer una corrección razonable y moderada.

Pero el cambio decisivo llegó con la entrada en vigor de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, cuya disposición final primera modificó la redacción del artículo 154 del CC y eliminó toda referencia al ius corrigendi.

Esta modificación respondió a la necesidad de reforzar la protección del menor frente a cualquier forma de violencia y se plasmó en el deber de los progenitores de respetar su integridad física y psicológica, en línea con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

El actual artículo 154 del Código Civil

Finalmente, tras las reformas introducidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), la literalidad del vigente artículo 154 del CC establece que «la patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental».

Entre sus funciones se encuentran velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Además, cuando tengan suficiente madurez, deberán ser escuchados antes de adoptar decisiones que les afecten, y los progenitores podrán recabar el auxilio de la autoridad para el ejercicio de sus funciones.

De este modo, la patria potestad se configura como una responsabilidad orientada a la educación y a la protección de los hijos, y no como un poder de corrección ilimitado. En esta línea, la LO 8/2021 incluye los castigos físicos, humillantes o denigrantes en su definición de violencia y establece la prohibición de cualquier forma de violencia sobre los NNA.

La doctrina del Tribunal Supremo

¿Desapareció entonces la facultad y el deber de corrección de los padres? El TS ha señalado que no, al considerar que el deber de corrección sigue siendo una facultad inherente a la patria potestad y necesaria para cumplir su función educativa. Esta facultad encuentra amparo en el artículo 39 de la Constitución Española y se relaciona con el deber de obediencia de los hijos previsto en el artículo 155 del CC.

Por ello, aunque el ius corrigendi ya no figure expresamente en la ley, ello no significa que hayan desaparecido las facultades de los progenitores para establecer medidas educativas, como privar a un hijo de salir durante el fin de semana si así lo consideran necesario.

Es decir, las sucesivas reformas no han eliminado el deber de corrección de los padres, pero sí han delimitado su contenido y alcance para garantizar que su ejercicio respete los derechos de los NNA.

En este sentido, la STS 578/2014, de 10 de julio, situó la integridad física y moral del menor como límite infranqueable. Posteriormente, la STS 654/2019, de 8 de enero de 2020, confirmó la condena de un padre que abofeteó a su hijo de quince años, al considerar que una conducta violenta que causa lesiones no puede quedar amparada por la facultad de corrección. La STS 47/2020, de 11 de febrero, también siguió esta misma línea.

Además, este criterio fue concretado por la STS 582/2022, de 13 de junio, que confirmó la condena de un padre que propinó un fuerte azote en las nalgas a su hija de cuatro años, provocándole lesiones que no requirieron asistencia médica. Consideró que la conducta excedía los límites de la facultad de corrección y que no podía quedar amparada por la eximente del artículo 20.7 del Código Penal, al no constituir un ejercicio legítimo de un derecho.

De este modo, nuestro Alto Tribunal delimita el alcance del deber de corrección de los padres atendiendo a las circunstancias concretas del caso y excluye de su ámbito aquellas conductas que, por su entidad, vulneran la integridad física o psíquica del menor.

La STS 177/2025, de 27 de febrero: defenderse no es corregir

El caso parte de una situación en la que una madre pidió reiteradamente a su hijo de catorce años que dejara de jugar con la consola. Ante la negativa, el menor se levantó, la insultó y la empujó. La madre reaccionó empujándole e intentando sujetarle, iniciándose un forcejeo en el que ambos resultaron lesionados, aunque las lesiones de la madre fueron de mayor gravedad y llegaron a incluir una mordedura.

El TS confirmó su absolución, pero no porque considerase legítima una agresión como forma de corrección. La actuación de la madre se valoró como una reacción frente a la agresión previa del menor y no como un acto dirigido a corregirle. Por tanto, la sentencia no modifica la regla general: la facultad de corrección no ampara la violencia, pero la conducta de la madre no fue considerada maltrato, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se produjo.

Cuando la corrección traspasa sus límites

Cuando una conducta de los progenitores supera los límites de la facultad de corrección, puede llegar a tener consecuencias en el ámbito penal. En el peor de los escenarios, determinados actos pueden constituir delito y dar lugar a una condena, con las consecuencias que ello puede tener para la relación familiar.

Por ejemplo, el artículo 153 del Código Penal castiga determinadas conductas de maltrato de obra o lesiones cuando la víctima es un descendiente sujeto a la potestad del autor, incluso cuando no se produce una lesión.

Además, en los supuestos previstos legalmente, puede imponerse una prohibición de aproximación conforme al artículo 57.2 del Código Penal. También el artículo 94 del Código Civil, tras su reforma por la LO8/2021, permite limitar o suspender el régimen de visitas cuando así lo exija el interés superior del menor y mediante resolución motivada.

Por último, estos hechos pueden llegar a conocimiento de las autoridades, aunque no exista una denuncia. La LOPIVI establece un deber de comunicar posibles situaciones de violencia sobre NNA, especialmente cuando se tiene conocimiento de ellas en el ámbito sanitario, educativo o profesional.

Lo que sí puede hacer un progenitor

El margen de actuación sigue siendo amplio siempre que no implique violencia y las medidas sean adecuadas y proporcionadas a la conducta que se pretende corregir.

Retirar temporalmente el teléfono o la consola, limitar las salidas, suprimir una actividad de ocio o asignar determinadas tareas domésticas pueden formar parte de las medidas educativas de los progenitores. También aquí deben respetarse los derechos y la dignidad del menor, ya que una medida desproporcionada, humillante o degradante puede resultar contraria a estos límites.

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