Divorcio por maltrato económico

¿Qué es el maltrato económico?

El maltrato económico se produce cuando una persona utiliza los recursos económicos como instrumento de control o sometimiento sobre su pareja.

Puede aparecer durante la convivencia y agravarse cuando uno de los miembros comunica su decisión de poner fin a la relación.

No se trata simplemente de que uno de los cónyuges gestione las cuentas familiares o de que existan discrepancias sobre determinadas partidas. La situación adquiere otra dimensión cuando se restringe deliberadamente la autonomía económica del otro mediante conductas como impedirle disponer de dinero, exigirle explicaciones constantes sobre sus gastos, ocultarle información económica, controlar sus ingresos o amenazarle con dejarle sin recursos si decide separarse.

¿Cómo saber si estoy sufriendo maltrato económico?

Hay situaciones que pueden pasar inadvertidas durante años porque terminan normalizándose dentro de la convivencia. Sin embargo, existen determinadas señales que conviene identificar y ante las que debería encenderse una señal de alerta ante un posible maltrato económico:

• • No poder acceder a las cuentas o desconocer cuál es la situación económica familiar.
  • Tener que pedir permiso para realizar cualquier gestión económica.
  • Entregar obligatoriamente el sueldo a la pareja.
  • Impedir o dificultar que la otra persona trabaje.
  • Ocultar patrimonio, ingresos o movimientos bancarios.
  • Retirar dinero común coincidiendo con la ruptura.
  • Dejar deliberadamente de atender gastos familiares como mecanismo de presión.
  • Amenazar con dejar al otro sin nada si solicita el divorcio.

Ahora bien, es importante que sepas que, a pesar de constituir conductas graves y reprochables, la existencia de alguna de estas situaciones no implica, por sí sola, que exista un delito. Su valoración dependerá del contexto, la reiteración y la forma en que se desarrollen las conductas.

¿Existe el delito de violencia económica?

Esto nos lleva a una de las principales dudas que plantea esta realidad: si la llamada violencia económica constituye un delito.

Actualmente, en España no existe un delito autónomo denominado «violencia económica». Por ello, que una conducta pueda calificarse como maltrato económico no significa que tenga, necesariamente, consecuencias penales.

Así lo ha señalado, entre otras resoluciones, el Auto 325/2024, de 21 de febrero, de la Audiencia Provincial de Madrid, al precisar que la violencia económica no está configurada en nuestro ordenamiento como un delito autónomo e independiente.

Ahora bien, esto no significa que determinadas conductas de control o sometimiento económico carezcan de relevancia penal. En función de cómo se hayan producido, de su gravedad y de las circunstancias del caso, pueden quedar comprendidas en otros delitos ya previstos en el Código Penal, como el maltrato habitual, las coacciones, las amenazas, el impago de pensiones o determinados delitos contra el patrimonio.

Por ello, la valoración jurídica no puede detenerse en la etiqueta de «violencia económica». Lo determinante será identificar qué conducta se ha producido, con qué finalidad, de qué manera y con qué consecuencias, para comprobar si los hechos reúnen los elementos de alguno de los tipos penales previstos en nuestro ordenamiento.

¿Cuándo puede tener consecuencias penales?

Para que el maltrato económico pueda trascender al ámbito penal debe integrarse, en función de las circunstancias, en una conducta que reúna los elementos propios de un delito, como puede suceder cuando forma parte de una dinámica de violencia habitual, intimidación, humillación o sometimiento.

Así, determinadas conductas pueden llegar a ser constitutivas de maltrato habitual conforme al artículo 173.2 del Código Penal. O cuando se utiliza el dinero para imponer una conducta contra la voluntad de la otra persona, ya que también puede dar lugar a delitos de amenazas o coacciones, siempre que concurran los requisitos legalmente exigidos.

Ahora bien, el Derecho Penal no puede convertirse en la vía para resolver toda discrepancia económica surgida durante una separación. Así lo refleja el Auto 277/2025, de 29 de abril, de la Audiencia Provincial de Álava, que descartó la existencia de maltrato económico penal en un matrimonio de más de veinte años en el que existía un control sobre el destino del dinero familiar al considerar que no se había privado a la familia de los recursos necesarios para su subsistencia y que las discrepancias económicas debían resolverse en el procedimiento matrimonial.

¿No pagar la pensión puede ser una forma de violencia económica?

La ruptura de la relación no implica necesariamente que desaparezcan las situaciones de dependencia económica generadas durante la convivencia, que pueden prolongarse mediante conductas de dominio sobre la otra persona, como el incumplimiento deliberado de las obligaciones económicas derivadas de la ruptura.

De hecho, la jurisprudencia ha reconocido que el impago reiterado de las pensiones de alimentos o de las pensiones compensatorias puede constituir una manifestación de violencia económica, sobre todo cuando desplaza sobre el otro progenitor la carga económica que corresponde asumir a ambos y repercute directamente en las necesidades de los hijos (STS 239/2021, de 17 de marzo).

En este sentido, el artículo 227 del Código Penal sanciona, cuando concurren sus requisitos, el impago durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos de una prestación económica establecida judicialmente a favor del cónyuge o de los hijos.

Ahora bien, no todo impago constituye por sí mismo violencia económica ni un delito. Será preciso atender a las circunstancias concretas del caso, a la existencia de una obligación fijada judicialmente y al carácter voluntario del incumplimiento.

¿Cómo se prueba el maltrato económico?

En estos casos, la prueba rara vez se encuentra en un único documento. Son los distintos elementos, analizados conjuntamente, los que pueden permitir reconstruir una situación de dominio económico que, en ocasiones, no resulta evidente a primera vista.

Por ello, pueden adquirir especial relevancia los extractos bancarios, las transferencias, las retiradas de efectivo, los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, los recibos impagados, las nóminas, las declaraciones tributarias o la documentación relativa al patrimonio. A estos elementos pueden añadirse los testimonios de familiares o personas cercanas y, cuando existan consecuencias psicológicas, los correspondientes informes médicos o psicológicos.

En definitiva, no siempre será una transferencia aislada la que permita acreditar el maltrato económico, sino el patrón que se revela al poner en relación todos los hechos y documentos disponibles, por lo que es importante mantener una adecuada trazabilidad de las operaciones y conservar toda aquella documentación disponible.

Maltrato económico y divorcio, ¿qué se puede hacer?

La existencia de un conflicto económico no obliga a elegir entre la vía civil y la penal como si fueran excluyentes. Ambas pueden tener cabida, siempre que concurran los requisitos para ello, y su aplicación dependerá de las circunstancias concretas del caso.

El procedimiento de divorcio permite adoptar medidas destinadas a ordenar la nueva situación familiar, como la pensión de alimentos, la atribución del uso de la vivienda o la contribución a las cargas familiares, sin perjuicio de la posterior liquidación del régimen económico matrimonial.

Cuando, además, existan hechos que puedan revestir relevancia penal, deberá valorarse esta posibilidad de forma diferenciada, atendiendo a la naturaleza de las conductas y a las circunstancias en las que se hayan producido.

Por ello, si estás atravesando una situación de este tipo y crees ser víctima de maltrato económico, es importante conservar la documentación económica que pueda acreditar lo sucedido y analizar el conjunto de las circunstancias antes de tomar decisiones precipitadas.

En Vestalia Abogados podemos analizar tu situación, valorar las distintas vías jurídicas a tu alcance y definir la estrategia más adecuada para proteger tus derechos y abordar esta situación con todas las garantías.

Contamos con una amplia trayectoria en este campo ya que, por desgracia, el maltrato económico suele estar presente en muchos casos de violencia de género o de violencia intrafamiliar en los que se controla, se limita o se impide el acceso de la mujer a los recursos económicos con el objetivo de generar dependencia y sometimiento. Y aunque, como te hemos explicado, no todo maltrato económico es constitutivo de delito, sí merece una atención especial cuando forma parte de las dinámicas de violencia en un hogar.

De ahí la importancia de acudir a expertos con gran trayectoria en casos de este tipo como es nuestro equipo de abogados especialistas en violencia intrafamiliar en Madrid. Reserva una consulta con nosotros si estás atravesando una situación tan delicada.