
Cuando una persona acude a una primera consulta para plantearse un divorcio, una de las dudas que con frecuencia aparece es si tiene motivos suficientes para dar ese paso. En ocasiones, la pregunta responde más a una necesidad emocional que a una cuestión jurídica, pues todavía son muchas las personas que sienten que deben justificar su decisión, ante los demás o ante sí mismas, antes de poner fin a su matrimonio.
Desde el punto de vista legal, la respuesta es sencilla. En España, el divorcio no es causal, lo que significa que nadie necesita alegar ni acreditar un motivo para divorciarse.
Sin embargo, no siempre fue así, y conocer cómo se ha llegado hasta aquí permite entender por qué todavía persisten ideas propias de una etapa que ya no existe.
Índice
El divorcio en España
El divorcio se introdujo por primera vez en la historia de España durante la Segunda República, con la Ley de Divorcio de 1932. Tras quedar suprimido durante la dictadura, volvió a reconocerse en 1981, aunque bajo un sistema muy distinto del actual: el divorcio se concebía entonces como una solución excepcional, sometida a determinadas causas y, en muchos casos, condicionada por una separación previa.
Esto llevado a la práctica suponía que poner fin al matrimonio exigía recorrer un largo camino.
Primero debía solicitarse la separación y, una vez transcurrido un periodo determinado de ese cese efectivo de la convivencia, que podía oscilar entre uno y cinco años según las circunstancias, podía plantearse el divorcio. Esto hacía que muchas parejas tuvieran que afrontar dos procedimientos judiciales distintos, con el consiguiente desgaste económico y personal que ello implica.
La situación era todavía más compleja cuando no existía acuerdo. Quien solicitaba la separación debía acreditar una causa imputable al otro cónyuge, como el abandono del hogar, la infidelidad o el incumplimiento grave de los deberes conyugales.
El sistema se asentaba así sobre una concepción culpabilística del matrimonio y de su ruptura, de modo que el proceso judicial podía obligar a exponer aspectos especialmente íntimos de la vida en pareja y convertir la ruptura matrimonial en un verdadero conflicto de responsabilidades.
Sin embargo, el modelo actual responde a una concepción muy diferente. La ruptura del matrimonio ya no depende de demostrar quién tiene la culpa ni de acreditar que existe una causa concreta, sino de la voluntad de poner fin al vínculo matrimonial.
Qué cambió en 2005
El verano de 2005 marcó un punto de inflexión en la regulación del divorcio en España. Con la reforma de ese año, el divorcio dejó de estar condicionado por la existencia de una causa y pasó a depender de una decisión personal. La voluntad de uno de los cónyuges, o de ambos, de poner fin al matrimonio pasó a ser suficiente, sin necesidad de alegar ni acreditar ningún motivo para divorciarse.
La reforma eliminó, además, las principales barreras del sistema anterior:
- Ya no es necesario pasar previamente por una separación: el divorcio puede solicitarse directamente.
- No es preciso afrontar largos periodos de espera: basta con que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio.
- Ese plazo tampoco resulta exigible cuando existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad o la indemnidad sexual del cónyuge que solicita el divorcio o de los hijos.
La separación, por su parte, no desapareció, pero cambió su función. Sigue siendo una alternativa para quienes desean poner fin a la convivencia sin disolver el vínculo matrimonial, pero dejó de ser una etapa previa y obligatoria para alcanzar el divorcio.
Qué significa hoy que no sea necesario un motivo para divorciarse
Que el divorcio no sea causal significa que ninguno de los cónyuges tiene que convencer al otro, ni al juez, de que existe una razón suficiente para poner fin al matrimonio.
Basta con que uno de ellos manifieste su voluntad de divorciarse para que el vínculo pueda disolverse, sin que sea necesario acreditar una causa ni determinar quién tiene la culpa de la ruptura.
La ausencia de acuerdo tampoco impide el divorcio. Cuando ambos cónyuges coinciden en la decisión y en sus efectos, el procedimiento puede tramitarse de mutuo acuerdo y, en determinados casos, incluso ante notario, siempre que no existan hijos menores de edad o con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores.
Si no existe acuerdo, el divorcio se tramita por la vía contenciosa. Pero la controversia ya no gira en torno a si existe o no una razón suficiente para divorciarse. Lo que se somete a decisión judicial son las consecuencias de la ruptura y la forma en que deberán organizarse a partir de entonces.
Por eso, el centro del conflicto ha dejado de estar en las causas de la ruptura y se sitúa en sus efectos. La discusión puede referirse a la guarda y custodia de los hijos, al régimen de estancias y visitas, a la pensión de alimentos, al uso de la vivienda familiar, a la pensión compensatoria o a cuestiones económicas derivadas de la disolución del régimen matrimonial.
El divorcio, en definitiva, no depende de demostrar por qué se quiere poner fin al matrimonio, sino de determinar cómo se ordena la vida familiar y patrimonial después de hacerlo.
Lo que la culpa ya no decide
Uno de los mitos más extendidos es que quien ha provocado la ruptura, por ejemplo, por una infidelidad, saldrá peor parado, cuando lo cierto es que, en el sistema actual, la responsabilidad por la ruptura no determina las consecuencias del divorcio.
Un buen ejemplo de ello es la pensión compensatoria, destinada a compensar el desequilibrio económico que la ruptura puede generar para uno de los cónyuges, como sucede cuando uno ha renunciado a su trayectoria profesional para dedicarse al cuidado de la familia. Su reconocimiento no depende de quién decidió poner fin al matrimonio, sino de las circunstancias económicas derivadas de la ruptura.
Algo parecido ocurre con la salida del domicilio familiar. Todavía persiste la idea de que marcharse de casa supone un abandono que puede hacer perder derechos, pero esta creencia responde al antiguo sistema basado en causas y ya no se corresponde con la regulación actual. Salir del domicilio no implica, por sí solo, ninguna sanción, aunque sí puede generar de facto situaciones que después haya que regular, sobre todo cuando hay hijos, por lo que conviene hacerlo de forma organizada y, siempre que sea posible, de común acuerdo.
Por último, que ya no sea relevante que haya un motivo para divorciarse no significa que toda conducta carezca de consecuencias jurídicas. Las situaciones de violencia, por ejemplo, cuentan con un tratamiento específico y pueden incidir de forma decisiva en las medidas relativas a los hijos y a la vivienda familiar.
Conclusión
Que el divorcio no dependa de la culpa permite dejar atrás la búsqueda de responsables y centrar la atención en cómo organizar las consecuencias de la ruptura y afrontar de forma ordenada la nueva realidad familiar.
Conscientes de ello, en Vestalia Abogados apostamos, siempre que sea posible, por alcanzar acuerdos que permitan afrontar la ruptura con serenidad y proteger lo que verdaderamente importa. Porque el matrimonio puede terminar, pero la familia continúa, aunque de una forma diferente.
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